MANIFIESTO CONSTITUYENTE

 MANIFIESTO CONSTITUYENTE

Estimados compañeros:

Debido a la coyuntura actual urge más que nunca la participación de nosotros, nosotras y nosotres, los ciudadanos que queremos un cambio en las estructuras del Estado. En ese sentido, es imposible no sentirnos indignados por las injusticias sociales, económicas y políticas que vemos todos los días contra nuestros hermanos de provincias o regiones, y de cualquier lugar del Perú donde haya pobreza y desigualdad.

Las reivindicaciones de las marchas y manifestaciones pacíficas que están ocurriendo en estos momentos son evidencia de que el modelo que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos nos impusieron a todos los peruanos, mediante su Constitución neoliberal de 1993 ha fracasado. La pandemia y sus más de 200 mil muertos en nuestro país, la pésima calidad de la educación pública, la inseguridad ciudadana, la contaminación ambiental que condena a los peruanos a malvivir con plomo en la sangre, la anemia infantil, etc., son pruebas irrefutables del fracaso del modelo neoliberal.

Cuando asumió el poder, en el año 2021, la figura presidencial de Pedro Castillo trajo un poco de esperanza a ese pueblo olvidado que votó por él. No solo fueron 200 años de república criolla, sino desde hace 500 años, con la llegada de los europeos, que esa marginación a nuestros pueblos originarios y poblaciones vulnerables han causado un daño profundo a la sociedad peruana. Fueron los conquistadores españoles quienes arrebataron la tierra a nuestros pueblos originarios causando un grave deterioro social, económico y político y que sus terribles consecuencias llegan hasta nuestros días.

Si bien la Reforma Agraria del presidente Juan Velasco Alvarado reparó en parte la injusticia histórica contra nuestros pueblos originarios, campesinos y nativos, el centralismo del Perú, que concentra demasiado poder en su capital, Lima, ha agudizado este problema en perjuicio de las poblaciones más vulnerables de todo el país. Por estas razones, se necesita un nuevo enfoque de acuerdo a las demandas de nuestro pueblo diverso. Estos cambios tienen que refundar al Perú, y eso signfica un cambio de Constitución, por una nueva carta magna donde se reconozca la diversidad de los pueblos que componen la nación peruana.

Cualquier proyecto político tiene que atender estas nuevas demandas. Por más buenas intenciones que tuvo la Constitución de 1979, ésta no satisface las nuevas necesidades y requerimientos de los peruanos. Es así que debemos ver qué ha ocurrido en la región, con países hermanos como Bolivia, Ecuador, donde han atravesado y, recientemente en Chile, están atravesando un momento constituyente.

Obviamente, las medidas a corto plazo pasan por la renuncia o la vacancia de Dina Boluarte, que rompió su promesa de renunciar a la vicepresidencia si vacaban al presidente Castillo, y por ser la responsable intelectual de los más de 60 hermanos peruanos asesinados solo por el hecho de manifestarse en las calles. Asimismo, gran parte de la población peruana está a favor de la Asamblea Constituyente o de un referéndum para aprobarla.  El apoyo económico y legal a las protestas y hermanos de provincias y de todo el Perú, completan los objetivos a corto plazo. 

Sin embargo, si pensamos a largo plazo quizás no todos vamos a coincidir en las formas. Si se consigue llegar a una Asamblea Constituyente, directamente o mediante un referéndum, el contenido de la nueva Constitución tiene que atender a la realidad peruana del siglo 21. Aspectos como el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios quechuas, Aymaras y amazónicos por medio de un nuevo Estado plurinacional, como en Bolivia y Ecuador, puede mejorar sus condiciones de vida en lo social. 

En cuanto a lo económico, en el pasado, los intentos de descentralizar el país han sido infructuosos y han empeorado la situación de centralización del poder en Lima, la capital, en desmedro de la población que vive en el interior del país. Entonces, para una mejor distribución de la riqueza de las regiones se debe plantear un cambio al modelo centralista. Puede ser un sistema autonómico, de reforzamiento y de mejor autogestión, etc. Desde este Manifiesto Constituyente exploramos la idea de un Estado federal, donde cada región recaude e invierta lo que produce y ya no tenga que esperar a que un burócrata del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) le diga cómo y en qué puede gastar lo que produce cada región del país. No puede haber nadie que sepa mejor las necesidades reales de su propia región que los naturales de ese lugar y no alguien ajeno a esa realidad desde una oficina burocrática a cientos o miles de kilómetros y que se base en solo en fríos datos y no viva día a día esa realidad. 

Por último, en el aspecto político, cambiar el enfoque neoliberal actual por un enfoque de Estado Social verdadero hará justicia en un país con ingentes riquezas gracias a sus recursos naturales que no se distribuyen adecuadamente por el modelo centralista del país. Esta crisis política que no tiene cuándo acabar ha dado como resultado un estallido social que se ha llevado a decenas de vidas que en un momento dado deberán ser juzgadas como se juzgó los delitos y crímenes ocurridos en la década de los noventa.

Tenemos que configurar la reforma de la ley de partidos políticos. Actualmente, los partidos políticos en el Perú funcionan como empresas privadas donde una persona, o un grupo de personas, con mucho dinero forman forman su partido sin pasar por elecciones internas y usan el financiamiento del Estado para sus intereses personales. También la representatividad en el Congreso es débil y deficiente: 130 congresistas no pueden representar a 34 millones de peruanos. Es un sinsentido que se debe corregir con mayor representatividad. Para ello debemos volver a la bicameralidad. Por ejemplo, tener un diputado por cada provincia del Perú, y el senado debería estar conformado por dos representantes de cada región.

El giro político y constitucional hacia el Estado Social verdadero va a garantizar educación y salud de calidad y universal a todos los peruanos. Y, por supuesto, una pensión de jubilación mínima que esté acorde a la canasta básica familiar. Dicho esto, la participación de la empresa privada en todos los sectores económicos del país será bienvenida siempre y cuando respeten las normas medioambientales y la regulación del Estado. La posibilidad de renegociar los contratos si incumplen las regulaciones o vayan en contra del bienestar de la población que vive en los alrededores de dichas actividades industriales o extractivas, o no paguen sus impuestos de ley serán sancionadas de manera efectiva sin posibilidad de evadir su responsabilidad legal.

Atentamente

Juan Post

Lima, febrero de 2023.

*Fuentes de las imágenes: Agencia Andina